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María Agripina Ortiz García, de 53 años, luchó durante más de dos años contra un cáncer de endometrio, una enfermedad que exige seguimiento constante, controles especializados y atención oportuna.
Durante su proceso enfrentó tratamientos médicos y valoraciones permanentes. Sin embargo, con el paso del tiempo su estado de salud se fue deteriorando, lo que hizo necesario ordenar nuevos exámenes y consultas con otras especialidades como parte de su seguimiento clínico.
De acuerdo con lo conocido, la programación de algunas citas presentó demoras en medio de trámites administrativos y limitaciones en la disponibilidad de agenda. En febrero de 2026, la institución prestadora de salud informó que no contaba con capacidad inmediata para asignar las consultas requeridas, por lo que el caso debía ser remitido a otra IPS para garantizar la continuidad del servicio.
Mientras se adelantaban gestiones y solicitudes ante las entidades correspondientes, la condición médica de María Agripina continuó avanzando.
El proceso avanzó en el papel, pero no en la realidad. Mientras se surtían notificaciones y se analizaban las responsabilidades entre la clínica, la Nueva EPS y otras entidades vinculadas, la enfermedad siguió su curso. María Agripina falleció sin haber recibido la atención especializada que le había sido ordenada.
Hoy su historia genera interrogantes sobre los tiempos de respuesta, la articulación entre las instituciones y la oportunidad en la atención de pacientes con enfermedades de alto riesgo. Más allá de un caso individual, su fallecimiento se convierte en un llamado a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema de salud cuando, en diagnósticos complejos, cada día puede marcar la diferencia.
