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La creciente polémica en Norte de Santander no se hace esperar frente a la medida autoritaria implementada por la Gobernación a través de la Secretaría de Hacienda, que ha ordenado 79.953 embargos a propietarios de vehículos y motocicletas que aún no han cumplido con el pago del impuesto vehicular correspondiente al año 2023 y a años anteriores. Además de los embargos, se han anunciado operativos de inmovilización de vehículos, lo que deja a miles de contribuyentes al borde de una situación desesperante. Aquellos que no regularicen su deuda podrían enfrentarse al remate de sus vehículos, sumiendo a muchas familias en una crisis aún mayor.
La medida, que se presenta como una forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ha sido vista por muchos como una acción desproporcionada y una forma de presión que ignora las realidades económicas de los ciudadanos. Sergio Entrena, secretario de Hacienda, ha comunicado que las órdenes de embargo están distribuidas de la siguiente manera: Villa del Rosario encabeza la lista con 19.446 órdenes, seguida de Los Patios con 12.728 órdenes, y Cúcuta con 8.271 órdenes. Con estas cifras, no solo se afecta a un número considerable de personas, sino que se agravan las condiciones de miles de contribuyentes que luchan por salir adelante en medio de la crisis económica.
Ante la escalofriante magnitud de esta medida, el diputado de Norte de Santander, Diego González, ha alzado la voz y presentado un oficio solicitando la creación de un proyecto de ordenanza que modifique la política de cobro del impuesto vehicular. González ha propuesto un descuento de hasta el 90% en los intereses moratorios, con el objetivo de aliviar la carga de aquellos contribuyentes que, por razones económicas, aún no han podido cumplir con su obligación tributaria.
«Estas medidas, lejos de incentivar el cumplimiento fiscal, están condenando a los ciudadanos que ya atraviesan serias dificultades económicas. La opción de embargar o inmovilizar vehículos no hace más que empeorar la situación de muchas familias, arriesgando su sustento» comentó González, quien criticó la falta de empatía de la administración en un contexto de crisis.
La propuesta del diputado resalta la necesidad de buscar alternativas más humanas y razonables, permitiendo que los contribuyentes regularicen su situación sin que sus bienes más preciados sean confiscados. González ha instado a que se considere una solución que favorezca tanto la recuperación de los recursos fiscales como la protección de los derechos de los ciudadanos. En lugar de aplicar medidas extremas que empujen aún más a la marginación, la propuesta busca abrir una puerta a la solución con justicia y equidad, sin olvidar la realidad de quienes luchan cada día para salir adelante.
