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Tres años después de la tragedia que sepultó parte de la vereda El Tarrita, en jurisdicción rural de Ábrego, las promesas oficiales parecen seguir atrapadas bajo el lodo. Mientras las familias damnificadas continúan esperando soluciones definitivas, muchos campesinos han tenido que regresar a vivir y trabajar en la misma zona donde ocurrió la devastadora avalancha del 31 de mayo de 2023, desafiando nuevamente el peligro para sobrevivir.
El desastre arrasó con viviendas, cultivos, animales, vehículos, acueductos, alcantarillados y vías de acceso, dejando pérdidas millonarias y decenas de familias prácticamente en la ruina. Sin embargo, a las puertas de cumplirse tres años de la emergencia, los afectados denuncian abandono estatal, demoras burocráticas y promesas que nunca pasaron del papel.
Hoy avanza una demanda que busca la reparación económica para 122 damnificados, quienes aseguran sentirse olvidados mientras las ayudas llegan a cuentagotas y las soluciones de fondo siguen sin aparecer. La construcción de un viaducto prometido para reemplazar los puentes metálicos provisionales jamás se concretó y, como dicen los propios habitantes, “no hay nada más permanente que lo provisional”.
A la incertidumbre se suma el temor constante de una nueva tragedia. Habitantes de la zona cuestionan la falta de monitoreo y análisis de la cuenca hidrográfica por parte del Servicio Geológico Colombiano, pese a que persiste el riesgo de otra avalancha desde la parte alta de la cordillera.
Uno de los damnificados es Guil Jairo Ortiz Mora, campesino de Villa Caro, quien asegura haberlo perdido todo. Cansado de trámites y de recorrer oficinas en busca de respuestas, denuncia que aún no existen fechas claras para la entrega de viviendas ni programas productivos que permitan recuperar la economía campesina de la región.
“Estamos trabajando al jornal para ganarnos la comida”, expresó el labriego, mientras recuerda cómo la fuerza de la naturaleza destruyó cultivos, carreteras, puentes y medios de sustento de cientos de familias.
Aunque las autoridades anunciaron subsidios de arriendo y procesos de reasentamiento, los afectados aseguran que los pagos son tardíos e insuficientes para cubrir los gastos básicos. La desesperación ha llevado a muchas familias a regresar a las orillas de la vía, donde sobreviven mediante actividades informales mientras esperan respuestas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La situación se agrava en medio de los escándalos de corrupción que han rodeado a la entidad, un panorama que, según los damnificados, ha retrasado aún más los procesos y aumentado la sensación de abandono.
Tres años después de la tragedia, en El Tarrita el miedo sigue vivo, las heridas continúan abiertas y las soluciones todavía parecen tan lejanas como el día en que la montaña se vino abajo.
