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La Fiscalía General de la Nación, mediante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional, ordenó este martes la extinción de dominio de un conjunto de siete inmuebles, valorados en aproximadamente 3.390 millones de pesos, vinculados al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, un senador de la República y un contratista cercano .
Entre los inmuebles intervenidos figuran tres propiedades que pertenecerían al senador Édgar de Jesús Díaz Contreras, tres vinculadas al contratista Pedro Antonio Silva Ruiz, y al menos una propiedad vinculada directamente a Villamizar, ubicada en territorios de Bogotá, Los Patios y Villa del Rosario.
La Fiscalía argumenta que estos bienes fueron adquiridos durante la ejecución de un contrato para el suministro de materiales pétreos firmado en 2009, cuando Villamizar ejercía su primer mandato como gobernador, y que se extendió hasta 2012, periodo en el que Díaz Contreras también ocupó la Gobernación. Según el ente investigador, la operación de compra coincidió con irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato, que generaron un posible detrimento patrimonial cercano a 3.700 millones de pesos.
El fiscal responsable destacó que se han cumplido los requisitos legales para aplicar la medida cautelar con fines de extinción del dominio, ya que se presume que estos bienes serían producto directo o indirecto de la actividad ilícita investigada.
Por ahora, las propiedades permanecen bajo custodia del CTI y están a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras continúan las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades penales de los involucrados.
La Fiscalía emitió un comunicado confirmando las diligencias y subrayando que podrían incluirse otras personas en el proceso según avance la investigación. Hasta ahora, no se ha conocido una declaración oficial del gobernador Villamizar ni de su equipo legal.
Este operativo representa un nuevo capítulo en los esfuerzos del Estado para combatir la corrupción en niveles departamentales, especialmente en Norte de Santander, una región históricamente marcada por denuncias similares.
