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La violencia en el Catatumbo sigue dejando cifras que estremecen, pero que parecen no sorprender a nadie. El más reciente informe entregado por la Gobernación de Norte de Santander desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) revela una realidad alarmante: 96.612 personas han sido desplazadas por el recrudecimiento del conflicto en la región.
El documento también reporta 283 personas confinadas y 171 homicidios, entre las víctimas civiles, líderes sociales, firmantes de paz e incluso menores de edad. Una radiografía cruda de un territorio donde la violencia no distingue edad ni condición.
A la tragedia se suman 140 personas lesionadas, entre ellas 76 miembros de la fuerza pública, además de civiles afectados en municipios como Tibú, Teorama, San Calixto, El Tarra y Convención. Municipios históricamente golpeados por el conflicto y que hoy vuelven a ocupar titulares por la misma causa: el control armado y la disputa territorial.
Mientras tanto, 147 personas permanecen en alojamientos temporales, dependiendo de la atención institucional según el nivel de riesgo. Aunque el informe destaca que 197 integrantes de grupos armados ilegales entre ELN y disidencias han realizado entregas voluntarias (144 sometidos, 43 recuperados y 10 del ELN integrados a la vida civil), la cifra resulta insuficiente frente a la magnitud del desplazamiento y la violencia persistente.
Los municipios más afectados Cúcuta, Ocaña, Tibú, Convención, El Tarra, Teorama y El Carmen reflejan que la crisis no es focalizada, sino regional. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo puede hablarse de avances en seguridad cuando casi 100 mil personas han tenido que abandonar sus hogares?
Más allá de los reportes oficiales y los balances en cifras, el Catatumbo continúa atrapado en un ciclo de violencia estructural. Cada número representa una familia que perdió su hogar, un niño que dejó la escuela, una comunidad que vive bajo el miedo. Y mientras los informes se actualizan, la crisis humanitaria sigue creciendo.
