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Una grave denuncia sacude al municipio de Ábrego tras los enfrentamientos ocurridos en la vereda Capitán Largo entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros del ELN. Más allá del fuego cruzado, lo que ha encendido las alarmas de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es el accionar posterior de los militares.
Durante los hechos, un habitante del sector resultó herido con dos disparos en la espalda. Sus familiares, en un intento desesperado por salvarle la vida, lo trasladaron al hospital de Ábrego. No obstante, lejos de recibir atención médica inmediata, el paciente fue subido a una camioneta tipo Turbo por miembros del Ejército, quienes lo trasladaron sin autorización médica ni consentimiento familiar al hospital de Ocaña, en lo que se considera una presunta violación al protocolo de Misión Médica, que protege a los pacientes y al personal de salud en contextos de conflicto armado.
La situación se tornó aún más alarmante cuando cuatro familiares del herido, que lo acompañaban en el centro médico, fueron abordados por un hombre de civil con el rostro cubierto, presuntamente integrante del Ejército. Según la denuncia, les fueron arrebatados los teléfonos celulares y posteriormente fueron conducidos en un vehículo oficial hasta Ocaña bajo el pretexto de «verificar su identidad». Permanecieron retenidos hasta altas horas de la madrugada, sin orden judicial ni acusaciones formales, lo cual constituye una detención arbitraria.
Pero la preocupación va más allá. Uno de los hermanos del herido, quien se encontraba con él en el momento del ataque, permanece desaparecido. Se teme que haya sido detenido por las fuerzas militares, aunque no se ha emitido información oficial sobre su paradero.
Este episodio levanta serios cuestionamientos sobre el respeto a los derechos fundamentales en medio de operaciones militares y vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de que las instituciones del Estado respondan con transparencia ante posibles excesos de la fuerza pública.
Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen una investigación urgente, imparcial y con garantías, así como la intervención de organismos internacionales para esclarecer los hechos y garantizar justicia para los afectados.
Mientras tanto, en Ábrego y el Catatumbo crece la incertidumbre y el temor entre los habitantes, que sienten que una vez más el conflicto armado se ensaña con la población civil.
