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La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara Wilmer Carrillo, del Partido de la U, por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que consideró que existen indicios suficientes para avanzar en un proceso judicial formal. El caso involucra el presunto direccionamiento de contratos y el cobro de comisiones ilegales en el hospital regional del municipio de Ábrego, en Norte de Santander.
Según el expediente, Carrillo habría gestionado ante el entonces gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, el nombramiento de la directora del hospital regional de Ábrego. Tras la designación, el congresista presuntamente habría intervenido para direccionar contratos de suministro de gasolina e insumos médicos.
De acuerdo con la investigación, durante 2016 y 2017 se habrían presentado irregularidades en varios negocios jurídicos del hospital. La Corte analiza si el representante exigió, a través de la gerente del centro asistencial, que los contratistas entregaran un porcentaje del valor de los contratos como condición para su adjudicación.
El alto tribunal deberá establecer si estos hechos constituyen conductas sancionadas por el Código Penal colombiano y si existió un patrón sistemático que afectó la contratación pública.
La Sala de Instrucción aclaró que el llamado a juicio puede ser apelado por las partes. Una vez la decisión quede en firme, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se desarrollará el juicio correspondiente.
La Corte enfatizó que el llamado a juicio no implica una declaración de culpabilidad y que el proceso buscará esclarecer lo ocurrido mediante la práctica de pruebas documentales y testimoniales.
El caso ha generado atención pública debido a la presunta afectación de recursos destinados al sector salud y a la participación de funcionarios del orden departamental.
No es la primera vez que Wilmer Carrillo enfrenta procesos judiciales. En diciembre de 2022, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema lo acusó por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2010, cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.
El contrato, por $2.650 millones, tenía como objeto el mejoramiento y mantenimiento de la vía entre los municipios de Salazar y Arboledas y contaba con financiación del Instituto Nacional de Vías (Invías). Según la investigación, el proceso contractual se adelantó con “clara improvisación” y las obras ejecutadas habrían sido diferentes a las pactadas inicialmente.
La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades, entre ellas que a la licitación se presentó un único proponente y que, pese a solicitudes de otras empresas para ampliar el plazo de presentación de ofertas, el contrato fue adjudicado a esa sola firma.
La Corte Suprema indicó que el proceso seguirá su curso conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
