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El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate político y de seguridad nacional al afirmar que una supuesta “Junta del Narcotráfico” habría planificado un sabotaje a las elecciones de 2026 desde Cúcuta, Norte de Santander. Según el mandatario, detrás de esta organización estarían algunos de los principales grupos armados ilegales del país, entre ellos el Clan del Golfo, las disidencias de Iván Mordisco y una facción de la Segunda Marquetalia.
“Así es: la junta del narcotráfico tiene un segundo nivel de ‘operativos’ que son: el Clan del Golfo, Iván Mordisco y la fracción de la Segunda Marquetalia. Se reunieron en Cúcuta 17 organizaciones manejadas por la Junta para organizar el plan de saboteo de las elecciones”, escribió Petro en su cuenta de X, en respuesta a un comentario de la congresista Cathy Juvinao.
Las declaraciones llegan en un momento especialmente tenso: el país aún no se repone del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, crimen que el presidente también ha relacionado con esa presunta “Junta del Narcotráfico”. Días atrás, el Gobierno informó sobre la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como presunto enlace entre los autores materiales e intelectuales del homicidio.
“Se van juntando los indicios que ligan al asesino de Miguel Uribe con la Junta del Narcotráfico”, había escrito Petro en otra publicación. Sin embargo, hasta ahora, ni la Presidencia ni las autoridades judiciales han revelado pruebas concretas que sustenten la existencia de esa supuesta estructura criminal o la reunión en Cúcuta que el mandatario menciona.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el Gobierno no ha entregado información oficial sobre los presuntos planes de sabotaje ni sobre las 17 organizaciones implicadas. Tampoco se conocen los mecanismos de seguridad que, según el presidente, habrían sido reforzados tras conocer los supuestos planes.
La falta de evidencia pública ha generado escepticismo entre analistas y opositores, quienes advierten que el uso de un lenguaje tan cargado como “Junta del Narcotráfico” podría escalar la polarización política y alimentar teorías conspirativas en un contexto electoral cada vez más volátil.
“Si hay una amenaza real contra las elecciones, el país necesita hechos verificables, no mensajes crípticos en redes sociales”, opinó un analista consultado por este medio. “Una denuncia de este calibre exige transparencia y sustento judicial, no solo declaraciones políticas”.
El discurso de Petro se inscribe en una línea que ha mantenido desde el inicio de su mandato: vincular el narcotráfico con sectores de poder que, según él, buscan desestabilizar su gobierno. No obstante, sus afirmaciones recientes abren nuevos interrogantes sobre el manejo de la información de inteligencia y sobre el uso político de la narrativa de la “guerra contra las mafias”.
Mientras tanto, el país sigue a la espera de explicaciones más detalladas. Si las denuncias del presidente resultan fundadas, se trataría de uno de los intentos de sabotaje electoral más graves en la historia reciente de Colombia. Pero si no lo son, el impacto político y la erosión de confianza institucional podrían ser igual de profundos.
