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En un nuevo golpe a la ya deteriorada imagen de la Policía Nacional, seis uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) fueron capturados en Villa del Rosario por su presunta participación en una red de extorsión y corrupción. El operativo, liderado por la Dijín, pone en evidencia una realidad alarmante: quienes deberían proteger a la ciudadanía estarían actuando como sus verdugos.
Las investigaciones preliminares revelan que los policías no solo habrían participado en actos de intimidación a comerciantes locales, sino que también habrían tejido alianzas con estructuras criminales en la frontera colombo-venezolana. Es decir, el uniforme habría sido utilizado como escudo para delinquir con impunidad.
Esta no es una manzana podrida en el canasto, como suele decirse desde el discurso oficial. Es una muestra más del cáncer estructural que carcome a las instituciones encargadas de garantizar el orden y la seguridad. En noviembre de 2023, otros diez policías fueron capturados por supuestos falsos allanamientos en el sector de La Parada. Hoy, menos de un año después, el patrón se repite, y con él, la desconfianza ciudadana.
¿Quién responde por esta cadena de abusos? ¿Dónde está el control interno de la institución? Mientras la cúpula policial guarda silencio y los capturados esperan su judicialización, la ciudadanía queda atrapada entre el crimen organizado y una fuerza pública que, en algunos casos, parece actuar con las mismas prácticas mafiosas que dice combatir.
Este nuevo escándalo exige mucho más que comunicados de prensa y promesas de depuración. Es hora de asumir con seriedad la necesidad de una reforma profunda, real y transparente en las filas de la Policía. Porque cuando el miedo no viene de los delincuentes, sino de quienes portan el uniforme, estamos ante una crisis institucional de fondo.
