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El municipio de Santiago, ubicado en Norte de Santander, enfrenta una situación crítica ante el peligro latente de deslizamientos que podría replicar la devastación sufrida por Gramalote hace más de una década. Cerca de 3,000 residentes temen por sus vidas mientras el Cerro de La Cruz presenta grietas cada vez más alarmantes, evidencia clara de las fallas geológicas que lo acechan.
Las autoridades locales han evacuado las viviendas más cercanas al pie del cerro debido a las crecientes grietas y la amenaza constante de un deslizamiento repentino. Danis Ramírez, alcalde de Santiago, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga y prevenga una tragedia similar a la de Gramalote.
La comunidad educativa también se ve afectada, con la escuela local enfrentando serios problemas estructurales debido a las condiciones geológicas y las intensas lluvias. Los niños están siendo preparados con simulacros de evacuación regulares, conscientes del riesgo que representa la ubicación de su escuela en las faldas del cerro.
Viviana Delgado, una sobreviviente de la tragedia de Gramalote, ahora reside en Santiago y revive el terror al ver las grietas en su nueva casa. Las autoridades municipales subrayan la urgencia de una intervención costosa, estimada en alrededor de $30 mil millones de pesos, para implementar terrazas, muros de contención y obras hidráulicas que protejan a la población.
El secretario de Planeación del municipio, Camilo Cuervo, detalló que están a la espera de la aprobación de fondos y la actualización de estudios de riesgo por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Mientras tanto, el secretario departamental de Gestión de Riesgos, William Vera, insta a la calma y advierte sobre la imposibilidad de predecir cuándo ocurrirá una tragedia, enfatizando la complejidad de estos fenómenos naturales.
La incertidumbre persiste en Santiago, donde la comunidad clama por acciones concretas del Gobierno para evitar una catástrofe como la vivida en Gramalote, mientras se espera la evaluación y aprobación de los recursos necesarios para implementar las medidas de mitigación urgentes.
