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Una nueva medida contemplada en el Proyecto de Acuerdo 031, que busca actualizar el Estatuto Tributario de Cúcuta, ha generado polémica en la ciudad: la posible instalación de cepos a vehículos mal estacionados. El artículo 522 del proyecto establece que esta estrategia sería implementada de forma gradual por la Secretaría de Movilidad, con el fin de mejorar la seguridad vial y el orden en las calles.
El uso de los cepos, dispositivos que inmovilizan los vehículos, conllevaría un alto costo para los infractores. Retirar el inmovilizador tendría un costo de $90.000 para automóviles y $60.000 para motocicletas, sumado a la multa por mal estacionamiento que asciende a $603.000. En total, los conductores tendrían que pagar cerca de $700.000 para poder recuperar la movilidad de su vehículo.
El artículo 521 del mismo proyecto aclara que las sanciones estarán sujetas al Código Nacional de Tránsito, y que los recursos recaudados por concepto de multas se destinarán a planes de tránsito, educación y seguridad vial.
Desde la administración municipal, el secretario de Movilidad, Joan Botello, aseguró que esta medida responde también a lineamientos de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los cuales exigen una regulación de los dispositivos de control vial.
“No se trata solo de aplicar el cepo, sino de tener una reglamentación clara. Por ahora, estamos esperando el lineamiento del alcalde Jorge Acevedo para avanzar en su implementación”, explicó Botello.
Además, destacó que el objetivo es evitar el traslado inmediato a patios, lo que podría representar una alternativa menos costosa para los infractores y ayudar a descongestionar las vías de la ciudad.
Sin embargo, voces críticas también se han hecho sentir. Samir Contreras, veedor ciudadano, advirtió que antes de poner en marcha esta medida, la Secretaría de Movilidad debe garantizar una adecuada señalización en los lugares donde está prohibido parquearse.
“El problema no se resuelve con un cepo. Se necesita educación vial, campañas de concientización y mejores soluciones de parqueo”, enfatizó Contreras. Además, cuestionó si la intención de fondo es mejorar la movilidad o simplemente aumentar el recaudo.
Contreras recordó que, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Cúcuta es la segunda ciudad del país con mayor aumento en casos de accidentes viales, lo cual demanda una intervención integral en materia de seguridad vial.
La implementación de los cepos no será inmediata. Según información oficial, el nuevo Estatuto Tributario, en el que se incluye esta medida, entraría en vigencia el 1 de enero de 2026.
Mientras tanto, el Concejo de Cúcuta ha realizado nueve sesiones de debate sobre el proyecto, y la presidenta de la corporación, Carime Rodríguez, indicó que se solicitó al alcalde ampliar las sesiones extraordinarias para incluir la participación de más sectores de la ciudad.
Desde la Secretaría de Movilidad también se están adelantando reuniones con los gremios económicos, especialmente del centro de la ciudad, para evaluar cómo descongestionar las vías sin afectar la actividad comercial.
“Estamos organizando mesas de trabajo con Planeación y Gobierno para reglamentar el tema tarifario de parqueaderos, y hemos adelantado pedagogía en barrios y zonas céntricas”, puntualizó Botello, quien hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar parqueaderos y zonas permitidas para evitar sanciones y contribuir a la seguridad vial.
