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Una vez más, la población de El Tarra, en el convulsionado Catatumbo, es víctima del abandono estatal y de una violencia que no da tregua. A las 10:00 a. m. de este sábado, un nuevo ataque con dron estremeció la vereda San Isidro, cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra una vivienda. Aunque no se reportaron víctimas, los daños materiales son significativos y el impacto psicológico en la comunidad es profundo.
Este no es un hecho aislado. Es el segundo ataque de este tipo en menos de un mes en la misma zona, donde un adulto mayor y un joven ya habían resultado heridos por otro explosivo lanzado con la misma modalidad. La recurrencia de estos hechos demuestra no solo una escalada en el uso de nuevas tecnologías para la violencia, sino también la preocupante ausencia de control y protección por parte de las autoridades.
A pesar de los llamados desesperados de la comunidad, la respuesta institucional sigue siendo débil, lenta y, para muchos, inexistente. Mientras los habitantes de San Isidro viven con el temor constante de un nuevo ataque, las promesas de seguridad se quedan en los discursos.
¿Dónde está la presencia efectiva del Estado? ¿Qué garantías reales se están ofreciendo a los habitantes del Catatumbo para que puedan vivir en paz? La zozobra no puede ser la nueva normalidad. El silencio oficial frente a este tipo de agresiones no solo es alarmante: es cómplice.
Es hora de que el gobierno deje de mirar al Catatumbo como un territorio periférico y actúe con contundencia. Porque cada ataque que se repite, sin justicia ni prevención, es un mensaje claro: aquí, el olvido mata.
