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Un escándalo sacude a Medicina Legal en Cúcuta tras la captura de Jefferson Vladimir Merchán Cote, asistente forense de la entidad, señalado de exigir dinero a ciudadanos a cambio de entregar información o agilizar trámites relacionados con cuerpos sin vida.
Según la Fiscalía, Merchán habría incurrido en este delito en al menos 15 ocasiones durante un periodo de 16 meses. Las denuncias señalan que solicitaba pagos que oscilaban entre 20.000 y 100.000 pesos, dinero que debía ser consignado a cuentas digitales vinculadas directamente a su número personal.
En la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso reveló que el funcionario condicionaba la entrega de información sobre los fallecidos a consignaciones previas, y en caso de que no se efectuaran, retrasaba la entrega de los cadáveres o demoraba procesos forenses.
Uno de los episodios clave ocurrió el 1 de marzo de este año, cuando supuestamente exigió 50.000 pesos para brindar información sobre un cuerpo que permanecía en las instalaciones de Medicina Legal.
“Usted sabía, como integrante de esa entidad, que todos los procedimientos son gratuitos y aun así recibió dinero, sabiendo que para la entrega de cadáveres y exámenes forenses no tienen costo alguno”, reprochó la fiscal durante la diligencia.
Las autoridades hicieron seguimiento al funcionario, quien finalmente fue sorprendido cuando se movilizaba en un vehículo rojo por las calles de Cúcuta. Policías lo interceptaron y le notificaron la orden judicial en su contra. El hombre vestía aún el uniforme de Medicina Legal y fue detenido a escasos metros de su lugar de trabajo.
Merchán Cote fue acusado de concusión y cohecho impropio, por hechos ocurridos entre marzo de 2024 y julio de 2025. Aunque no aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó enviarlo a prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.
La investigación de la Fiscalía busca determinar el alcance real de sus actuaciones y si existen más afectados por este presunto esquema de corrupción dentro de una entidad que, por su naturaleza, debe garantizar transparencia y humanidad en el trato con las familias de las víctimas.
