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Colombia vuelve a enfrentar una verdad que duele y que, por más veces que se repita, no deja de estremecer: en el reciente bombardeo del Ejército en zona rural del Guaviare, siete menores de edad perdieron la vida. Entre ellos, una niña de apenas 13 años, oriunda del municipio de Tibú. Historias que se apagan antes de tiempo, vidas atrapadas entre la violencia y la indiferencia de un país que parece acostumbrarse demasiado rápido a las tragedias.
Un informe preliminar de las Fuerzas Militares reveló los nombres de 14 de las 19 personas fallecidas durante la operación contra el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Entre las víctimas, siete adolescentes reclutados por la estructura de alias “Iván Mordisco”. La más joven, Caren Smith Cubillos Miraña, de 13 años, originaria de Puerto Santander y criada en La Pedrera, Amazonas. Una infancia marcada por un conflicto que jamás eligió.
También murieron:
- Dani Santiago Leyton Cuéllar, 15 años (Arauca)
- Deini Lorena Beltrán Mendoza, 16 años (Tibú)
- Maicol Andrés Pérez Ávila, 16 años (Guaviare)
- Martha Elena Abarca Vilches, 17 años (Putumayo)
Medicina Legal confirmó que en total siete adolescentes están entre los cuerpos, cuyos familiares ahora emprenden un doloroso camino para reclamarlos, acompañados por organizaciones de apoyo jurídico y humanitario.
A esta lista se suman víctimas adultas, entre ellas Francy Nonokudo Gómez (18), Harold Stiven Villamil (20), Jhon Fredy Acosta (19) y otros jóvenes que tampoco superaban los 32 años.
Cinco cuerpos siguen sin identificación, otra muestra de cómo la guerra borra nombres, rostros y pasados.
La operación, una de las más letales bajo el gobierno de Gustavo Petro, abrió un nuevo debate nacional. Mientras el presidente y el ministro de Defensa defendieron el bombardeo argumentando que evitó una emboscada contra tropas, la Defensoría del Pueblo cuestionó que se ejecutara sabiendo que había menores involucrados. Un dilema que deja al descubierto la distancia entre la estrategia militar y la responsabilidad ética del Estado.
Y ahí está el centro del problema: Colombia no puede seguir aceptando que en medio de operaciones contra grupos armados, quienes terminen muertos sean niños. No es suficiente condenar el reclutamiento forzado aunque sea un crimen atroz si como país no exigimos que los métodos de combate respeten la vida de quienes nunca debieron estar allí.
Esta tragedia no puede archivarse como una cifra más en el inventario del conflicto. Habla de fallas estructurales: de la ausencia del Estado en territorios como Guaviare, Tibú o Arauca; de la persistencia del reclutamiento de menores; de la incapacidad institucional para ofrecer alternativas reales a los niños que crecen en medio del abandono.
Hoy Colombia conoce nombres, edades y procedencias. Pero, sobre todo, debería reconocer algo más profundo: nuestra responsabilidad colectiva en evitar que una niña de 13 años, oriunda de un municipio olvidado, termine convertida en un objetivo militar.
Si este país quiere hablar de paz, debe comenzar por proteger a sus hijos. Todos. Sin excepciones.
