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Después de meses alojados en hoteles como medida temporal, los desplazados del Catatumbo en Cúcuta fueron desalojados este lunes 28 de julio tras el vencimiento del convenio entre el Estado y Fontur. La escena que siguió fue alarmante: familias enteras durmiendo en andenes, niños expuestos al frío y personas mendigando ayuda en una ciudad que parece haberse acostumbrado a mirar hacia otro lado.
“Nosotros no estamos en las calles porque queremos. ¡No! Queremos volver a nuestras tierras, pero no se puede. Allá regresamos y volvemos a quedar sin nada”, expresó una de las víctimas, visiblemente afectada. Otros aseguran haber recibido un único giro de $400.000 hace más de un mes, “como si esa suma fuera suficiente para rehacer la vida o siquiera para sobrevivir en la ciudad”, denunció otro afectado.
La respuesta institucional no se hizo esperar, pero tampoco ofreció soluciones de fondo. La Alcaldía de Cúcuta, en un comunicado, informó que la atención en hoteles finalizó de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, que determina que el municipio solo debe encargarse de la atención inmediata y que la continuidad le corresponde a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), una vez las personas estén incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Lo que no dice el comunicado es cómo enfrentarán estas familias la vida en la intemperie mientras llegan los prometidos giros o mientras la burocracia decide actuar. Porque la tragedia de estas personas no se resuelve con una fórmula legal ni con el envío de recursos que no alcanzan. El verdadero problema es la indiferencia institucional que, una vez más, responde con tecnicismos y no con humanidad.
La mayoría de los desplazados clama por lo mismo, no piden que les regalen casas ni dinero, solo quieren oportunidades para trabajar y reconstruir sus vidas en paz. Piden que, si no pueden volver al Catatumbo, al menos en Cúcuta se les tienda la mano. Sin embargo, mientras las autoridades se escudan en normativas, la realidad es que cientos de víctimas del conflicto armado hoy viven a la intemperie, abandonadas por el mismo Estado que prometió repararles.
El caso de los desplazados en Cúcuta evidencia una crisis más profunda: no es solo la falta de albergues, sino la ausencia de un compromiso real por parte del gobierno para ofrecer soluciones estructurales. Dormir en la calle no es una elección. Es la consecuencia del olvido.
