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La reciente emergencia vivida por los pasajeros de un vuelo de Avianca que cubría la ruta Bogotá–Cúcuta volvió a poner en evidencia el grave deterioro de la pista del aeropuerto internacional Camilo Daza y la falta de reacción de las autoridades frente a un problema que lleva años sin resolverse.
El incidente se produjo cuando la aeronave encalló al momento de aterrizar, quedando inmovilizada sobre la pista y con los pasajeros a bordo por más de hora y media. Durante ese tiempo, no se activó ningún plan de contingencia efectivo para evacuar a los ocupantes, lo que generó temor y malestar entre los viajeros.
“¿Cómo es posible que en un aeropuerto internacional pasen estas cosas? No tienen escalera, no tienen bus para trasladar pasajeros. Nos decían que en diez minutos lo resolvían, y así pasó el tiempo, encerrados y sin reacción oportuna”, relató uno de los afectados. Otro pasajero advirtió: “Si el avión hubiera tomado más velocidad, quién sabe qué habría pasado. Esto no fue un accidente grave de milagro”.
Las tripulaciones de varias aerolíneas ya habían advertido sobre las dificultades para maniobrar en más de 600 metros de la pista, cuyo deterioro compromete seriamente la seguridad de las operaciones. Avianca, a través de un comunicado, reconoció las condiciones deficientes del aeropuerto y exhortó a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para garantizar operaciones seguras.
Sin embargo, tanto la Aeronáutica Civil, como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Aeropuertos del Oriente guardan silencio. Mientras tanto, un contrato por más de 60 mil millones de pesos, destinado a la reparación de la pista, permanece paralizado en el Secop desde hace dos años, sin avances visibles.
El panorama resulta alarmante si se tiene en cuenta que el aeropuerto de Cúcuta no solo moviliza más de una docena de vuelos diarios nacionales e internacionales, sino que también es clave para operaciones humanitarias y de orden público en Norte de Santander.
La pasividad institucional contrasta con la gravedad del riesgo. La Aeronáutica Civil, pese a contar con herramientas legales para actuar bajo la figura de contratación directa en casos de emergencia, no ha tomado decisiones para mitigar la situación.
Mientras tanto, los pasajeros continúan expuestos a los peligros de una infraestructura en decadencia, y el silencio oficial se convierte en el principal cómplice de una crisis que, de no atenderse con urgencia, podría terminar en tragedia.
