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Indignación, frustración y un profundo sentimiento de abandono fue lo que expresó Dolly García, madre del abogado cucuteño Iván Colmenares, detenido en una cárcel de Caracas desde hace nueve meses y acusado de espionaje. La razón de su malestar: la Cancillería colombiana les canceló a última hora la cita que tenían programada para el 4 de agosto.
“Nosotros teníamos la cita para ayer y la Canciller nos canceló, que tiene una agenda muy apretada y que no nos podía atender. Nosotros ya habíamos comprado pasajes, porque la gran mayoría no vivimos en Bogotá”, denunció García, visiblemente afectada.
La cita, que representaba una esperanza para decenas de familias que buscan respuestas sobre la situación de sus seres queridos presos en Venezuela, fue suspendida sin ofrecer una nueva fecha concreta. La falta de sensibilidad y compromiso por parte del Gobierno colombiano ha encendido la inconformidad de los familiares, quienes no dudaron en salir a las calles a manifestarse.
Acompañada por parientes de al menos 37 colombianos detenidos en territorio venezolano, García participó en bloqueos y protestas en la capital del país. Según informó, estas acciones no serán aisladas: “Acordamos que seguiremos realizando protestas, en Bogotá y en cada una de las ciudades donde nosotros vivimos, hasta que el gobierno nos escuche”.
La actitud evasiva de la Cancillería no solo evidencia una desconexión con las realidades humanas detrás de los casos judiciales en Venezuela, sino que también plantea una preocupante falta de voluntad política. Mientras las familias claman por apoyo, el Estado parece mirar hacia otro lado.
El caso de Iván Colmenares es apenas uno entre decenas. Sin garantías procesales y con una acusación grave como la de espionaje, su situación judicial permanece estancada. La ausencia de un respaldo diplomático firme agrava aún más su condición, y el silencio del Gobierno colombiano resulta cada vez más ensordecedor.
En un contexto donde los derechos humanos deberían estar en el centro de la política exterior, lo ocurrido con la cancelación de esta cita es más que un error logístico: es un acto de desprecio institucional hacia ciudadanos en estado de vulnerabilidad.
Familias como la de Dolly García no piden favores, exigen lo mínimo: que el Estado colombiano cumpla su deber de protegerlos y representarlos. Por ahora, la respuesta ha sido el portazo de una agenda “apretada”.
